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México ha conseguido comprar gas natural a precios competitivos, pero todavía tiene una deuda importante con su propia seguridad energética. Dependemos de Estados Unidos para abastecer aproximadamente tres cuartas partes de nuestro consumo y seguimos sin contar con almacenamiento estratégico propio dentro del sistema nacional integrado de transporte.
Considero que esta combinación merece mucha más atención de la que recibe. Hemos aprovechado las ventajas económicas de la integración energética con nuestro principal socio comercial, pero seguimos expuestos a interrupciones que pueden comprometer la producción industrial y elevar considerablemente sus costos.
La intención de Washington de ampliar los acuerdos energéticos con México vuelve especialmente relevante este tema. Creo que antes de comprometernos a comprar mayores volúmenes, convendría determinar cuánto capital necesitamos para garantizar la continuidad del suministro y quién debe financiar esa infraestructura.
Desde mi óptica, la seguridad energética también debe evaluarse como una decisión de inversión. El almacenamiento, las rutas alternativas y la capacidad de respaldo tienen costos que pueden compararse con las pérdidas económicas que permitirían evitar.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) reconoce en su Programa Institucional 2026–2030 que el sistema nacional integrado de transporte no dispone de almacenamiento operativo y estratégico propio. México había establecido una meta de cinco días de inventario estratégico para 2026, pero esa capacidad no puede darse por construida.
La dependencia del suministro estadounidense no representa, por sí misma, una mala decisión económica. La disponibilidad de gas competitivo ha favorecido a la manufactura, la generación eléctrica y otras actividades productivas. El problema aparece cuando esa ventaja comercial no está acompañada de mecanismos suficientes para enfrentar una contingencia.
Una interrupción de suministro puede detener procesos industriales, afectar inventarios y generar incumplimientos contractuales. En actividades de operación continua, recuperar la producción puede requerir más tiempo que la suspensión original del combustible. Las pérdidas incluyen márgenes que dejan de generarse, gastos de reinicio y penalizaciones por entregas pendientes.
Ese riesgo puede cuantificarse mediante la probabilidad de interrupción, su duración y las pérdidas económicas esperadas. El cálculo permite comparar el costo de la exposición con las inversiones necesarias para reducirla.
Me parece indispensable que México avance hacia esa evaluación. No todas las regiones industriales enfrentan las mismas vulnerabilidades, ni todas requieren idénticas soluciones. La ubicación de los centros de consumo, las conexiones disponibles y la posibilidad de recurrir a combustibles alternativos modifican considerablemente el riesgo.
Tampoco considero que la respuesta deba limitarse a construir grandes instalaciones de almacenamiento, no. Las interconexiones entre gasoductos, las rutas adicionales de abastecimiento y los contratos de respaldo pueden ofrecer protección. Cada alternativa requiere una evaluación de inversión inicial, costos operativos, tiempo de respuesta y capacidad efectiva para sostener el suministro.
El financiamiento merece especial atención. Un proyecto de almacenamiento puede generar beneficios económicos superiores a sus ingresos comerciales directos, porque también evita pérdidas a industrias que dependen de la continuidad energética. Sin embargo, esos beneficios no garantizan que el inversionista pueda recuperar su capital.
Para atraer financiamiento privado se necesitan contratos de capacidad, ingresos previsibles, contrapartes solventes y reglas claras para distribuir riesgos. Si parte de la infraestructura requiere respaldo público, su costo debe compararse con las pérdidas que pretende evitar y con otras prioridades de inversión.
La revisión del TMEC incorpora una dimensión adicional. México compite por proyectos manufactureros cuyos flujos dependen de abastecer puntualmente al mercado norteamericano. La confiabilidad energética influye en los costos de operación, en las decisiones de localización y en el rendimiento que los inversionistas exigen para comprometer capital.
Una interrupción prolongada puede afectar la rentabilidad de activos industriales que tardaron años en construirse. Por eso, considero que el análisis de nuevos proyectos debería incorporar escenarios de disponibilidad energética, pérdidas operativas potenciales y costos de respaldo.
Un precio bajo del gas no compensa necesariamente una exposición elevada a interrupciones.
También conviene distinguir entre el costo de adquirir energía y el costo de garantizar su disponibilidad. El primero se refleja en las facturas de suministro; el segundo exige inversiones cuya rentabilidad se mide, en buena parte, por las pérdidas que nunca llegan a producirse.
Desde mi punto de vista, México no necesita abandonar la integración energética con Estados Unidos…necesita administrarla mejor. La relación bilateral puede seguir ofreciendo ventajas competitivas mientras desarrollamos capacidad propia para enfrentar contingencias.
Comprar más gas puede fortalecer el abastecimiento. Pero si aumentamos nuestra dependencia sin mejorar almacenamiento, transporte y respaldo, también podríamos ampliar la exposición financiera de nuestra industria.
La seguridad energética no consiste en pagar más por precaución; consiste en invertir lo necesario para que una interrupción de suministro no termine costándonos mucho más.
Manuel Herrejón Suárez (síguelo en X como @ManuelHerrejonS) es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.
