La investigación por la presunta tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta quedó formalmente abierta por el plazo de un año, luego de la primera audiencia realizada este miércoles ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy.
Durante la audiencia, el fiscal general Carlos Amad describió una estructura que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría funcionado de manera coordinada entre médicos, empleados y funcionarios públicos, personal administrativo, operadores políticos y personas encargadas de captar beneficiarios.

La acusación sostiene que la organización habría falsificado o adulterado certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y otros documentos para que personas que no reunían los requisitos pudieran obtener o renovar pensiones no contributivas por discapacidad.
En algunos casos, según la Fiscalía, los beneficiarios ni siquiera presentaban enfermedades incapacitantes. A cambio de la gestión se habrían cobrado sumas que iban desde aproximadamente $20.000 hasta $1 millón, dependiendo del tipo de trámite y de la intervención requerida. El perjuicio económico estimado para el Estado asciende a unos $3.280 millones mensuales.

La investigación quedó formalizada por un año
Con la audiencia, la investigación penal quedó formalmente abierta por un plazo de un año, período durante el cual la Fiscalía podrá profundizar el análisis de la documentación, los teléfonos, los expedientes y la información remitida por organismos nacionales.

Como medidas de coerción, se dispuso que los imputados deberán realizar una comunicación mensual por teléfono, informar si tienen previsto salir del país y se ordenó la anotación de litis sobre bienes e inmuebles de los acusados. La Fiscalía también había solicitado medidas destinadas a garantizar que los imputados permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Qué hacía cada uno de los 15 imputados
La Fiscalía sostuvo que no se trataba de hechos aislados, sino de una estructura en la que cada integrante habría cumplido una función diferente: captación de beneficiarios, elaboración de documentación médica, alteración de estudios, reproducción de documentos, carga de expedientes y facilitación de los trámites ante organismos públicos.

1. María Romano: captación y gestión de beneficiarios
María Romano, empleada del área de Acción Social de la Municipalidad de El Quebrachal, aparece señalada como uno de los nexos entre los beneficiarios y los distintos integrantes de la estructura.
Según la Fiscalía, habría reclutado personas, recibido documentación, cobrado dinero y coordinado la continuidad de los trámites. También habría mantenido contacto con médicos, personal administrativo y personas vinculadas con los organismos encargados de procesar las pensiones.

Los investigadores analizaron su teléfono y documentación secuestrada durante los allanamientos. Allí, según la acusación, aparecen conversaciones sobre certificados, estudios, diagnósticos y renovaciones de pensiones. También se mencionaron listados y documentación que permitirían reconstruir quiénes eran derivados a determinados profesionales y cómo continuaban los expedientes.
Romano está imputada por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, en calidad de coautora.

2. Gerardo Francisco Orellana: el presunto componente político
El diputado provincial por el departamento Anta y exintendente, es señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos actores políticos vinculados con el esquema. Según la acusación, intervino en expedientes y habría firmado documentación relacionada con personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión.
La Fiscalía también sostuvo que el sistema habría sido utilizado políticamente para **captar personas y familias vulnerables mediante el ofrecimiento de pensiones**, derivándolas luego hacia los profesionales y operadores encargados de completar los trámites.
Durante la audiencia se mencionó, como ejemplo, el caso de una persona a la que se le habría reconocido un porcentaje muy elevado de incapacidad pese a que, según la investigación, desarrollaba actividades laborales.
Orellana está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

3. Roberto Bernardino Morales: uno de los principales actores del circuito médico
El médico Roberto Bernardino Morales, exdirector del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, es señalado como uno de los principales responsables del circuito médico.
Según la Fiscalía, habría emitido y avalado certificados médicos presuntamente falsos, consignando enfermedades y porcentajes de incapacidad en personas que no reunían las condiciones para acceder a una pensión.
Su posición dentro del hospital le habría permitido acceder al sistema utilizado para cargar la documentación médica.
También se le atribuye haber derivado personas hacia el circuito privado y haber mantenido comunicaciones con otros integrantes para coordinar la confección y modificación de estudios.
Una de las conversaciones mencionadas durante la audiencia involucraría a Morales y Hugo Massa, quien le habría enviado un análisis aparentemente correspondiente a diabetes y consultado si podía cambiarse el nombre del paciente para utilizarlo en otra persona.
Morales está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

4. César Ramiro Blanco: certificados, asesoramiento y trámites completos
El médico César Ramiro Blanco, vinculado al Hospital Enrique Romero y propietario de la Clínica Cristo Rey, aparece señalado como otro de los actores centrales del circuito médico.
Según la Fiscalía, habría ofrecido trámites completos para obtener pensiones, incluso para personas que no tenían enfermedades incapacitantes.
Se le atribuye la emisión de certificados médicos presuntamente apócrifos y la utilización de estudios destinados a sostener diagnósticos que no se correspondían con el estado real de los pacientes.
Además, habría cobrado por gestiones que debían realizarse dentro del sistema público y habría asesorado a personas sobre cómo responder ante las juntas auditoras para superar las evaluaciones.
Los investigadores también encontraron comunicaciones con Romano, Morales y otros integrantes.
Testimonios de identidad reservada mencionados por la Fiscalía señalaron que Blanco habría cobrado aproximadamente $500.000 o $1 millón cuando la persona no tenía una enfermedad y unos $300.000 cuando existía una enfermedad real.
Blanco está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

5. Luciano Benjamín Esteban: la presunta adulteración de análisis
El bioquímico Luciano Benjamín Esteban aparece señalado como una pieza fundamental en la elaboración de la documentación médica.
Según la Fiscalía, habría trabajado tanto en el ámbito público como en la Clínica Cristo Rey y habría utilizado sus conocimientos y su condición profesional para alterar resultados de laboratorio.
El mecanismo descripto consistiría en modificar análisis para hacer aparecer enfermedades como Chagas o diabetes en personas que, según la investigación, no las padecían.
La acusación sostiene que luego esos estudios eran entregados a Blanco, Morales u otros integrantes para continuar con el trámite administrativo.
También se le atribuye haber facilitado su sello profesional para respaldar documentación y haber vendido análisis que luego eran presentados en las oficinas de Acción Social.
La reiteración de los mismos diagnósticos, profesionales y laboratorios en distintos expedientes fue señalada por la Fiscalía como uno de los elementos que vincularían estos hechos.
Esteban está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

6. Hugo Humberto Massa: reproducción y falsificación de documentos
Hugo Humberto Massa, empleado municipal y propietario de una fotocopiadora ubicada cerca del Hospital Enrique Romero, habría cumplido una función vinculada con la reproducción, modificación y circulación de documentación.
Según la Fiscalía, habría utilizado copias de membretes hospitalarios y firmas de médicos para confeccionar certificados presuntamente apócrifos.
Además, habría funcionado como nexo entre personas que necesitaban los trámites y distintos profesionales de la salud.
Una de las evidencias principales mencionadas durante la audiencia fue una conversación con Morales. Massa le habría enviado un estudio aparentemente correspondiente a diabetes y le preguntó si podía utilizarlo para otra persona, cambiándole el nombre para que pudiera superar una auditoría.
La Fiscalía sostiene que esto demostraría que su intervención no se limitaba a realizar fotocopias, sino que conocía y participaba en la preparación de documentación presuntamente falsa.
También se mencionó una conversación en la que una persona le preguntaba si podía conseguirle un médico para realizar estudios y Massa habría indicado dónde obtenerlos.
Está imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos.

7. Edmundo Dante Salazar: el presunto facilitador de accesos al sistema
Edmundo Dante Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal, habría tenido según la Fiscalía un papel relevante en la etapa administrativa.
Ocupó el cargo entre el 27 de enero de 2021 y el 18 de enero de 2024.
La acusación sostiene que habría facilitado claves de acceso al sistema a personas ajenas al organismo, permitiendo que terceros pudieran cargar documentación relacionada con pensiones.
Entre los supuestos beneficiarios de esos accesos aparece Massa.
La Fiscalía citó conversaciones en las que Massa le solicitaba a Salazar la generación o habilitación de claves para cargar pensiones. En los intercambios, Salazar respondía afirmativamente y habría permitido de ese modo que documentación proveniente del circuito privado ingresara al sistema.
La acusación considera que esta función era particularmente relevante porque permitía que una documentación que había sido confeccionada fuera del organismo pudiera avanzar dentro del circuito administrativo.
Salazar está imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

8. Luis Alberto Verón: certificados para renovar pensiones
El médico Luis Alberto Verón, con consultorio privado, habría intervenido principalmente en la etapa de renovación de las pensiones por discapacidad.
Según la Fiscalía, realizaba certificados médicos utilizando diagnósticos previamente establecidos y, en algunos casos, sin efectuar los estudios o comprobaciones necesarias.
La acusación sostiene que cobraba entre $20.000 y $40.000 y que extendía certificados incluso a personas que no presentaban la discapacidad consignada.
Testimonios reservados indicaron que Verón habría cobrado menos que Blanco por realizar este tipo de certificados.
Durante tareas de campo también se habría observado una importante cantidad de personas esperando para ser atendidas en sus consultorios.
La investigación además encontró comunicaciones que, según la Fiscalía, lo vincularían con otros integrantes del circuito. En una de ellas se habría coordinado la realización de una historia clínica y análisis para completar documentación pendiente.
Verón está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

9. Humberto Brisuela Mendoza
Humberto Brisuela Mendoza figura entre los 15 imputados. La acusación le atribuye participación en el esquema de presuntas pensiones fraudulentas y específicamente fraude a la Administración Pública, falsedad de instrumento público y asociación ilícita.
La información expuesta durante la audiencia lo ubica dentro del conjunto de personas vinculadas al circuito de documentación y tramitación investigado por la Fiscalía.

10. Diego Augusto Ocampo: certificados y estudios cobrados
El médico traumatólogo Diego Augusto Ocampo, propietario de una clínica en Joaquín V. González, aparece señalado por la Fiscalía por la emisión de certificados y estudios médicos utilizados para obtener o renovar pensiones por discapacidad.
Según la acusación, habría confeccionado documentación para personas que no reunían los requisitos y habría cobrado por consultas, estudios y certificaciones.
La Fiscalía señaló que el precio de la consulta habría pasado de $45.000 a $100.000, a lo que se sumaban estudios y radiografías.
Una persona que declaró en la investigación relató que, para completar el trámite, llegó a pagar aproximadamente $207.000 por consultas y estudios.
En los teléfonos analizados también aparecen numerosas comunicaciones de personas interesadas en obtener turnos para realizar la documentación requerida.
En otra conversación, una persona vinculada a la clínica le advierte a Ocampo que había una gran cantidad de interesados por las pensiones. El médico habría respondido indicando los días en que atendería y estableciendo que quienes solicitaran turnos debían dejar abonada previamente la consulta, ya fuera en la clínica o mediante una transferencia.
La Fiscalía considera que estas comunicaciones muestran la existencia de una demanda organizada de personas que buscaban completar la documentación médica necesaria para acceder a las pensiones.
Ocampo está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.

11. Manuel Rodolfo Córdoba: carga y gestión municipal
Manuel Rodolfo Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, aparece señalado como una persona vinculada a la gestión y carga de trámites de pensiones.
Según la acusación, habría tenido funciones relacionadas con la recepción y procesamiento de datos y documentación de los beneficiarios.
La Fiscalía sostiene que quienes intervenían en esta etapa cargaban documentación presuntamente irregular sin efectuar los controles correspondientes, permitiendo que los expedientes avanzaran.
Córdoba está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

12. José Wilson Muñoz Torres: intervención desde el ámbito sanitario
El médico José Wilson Muñoz Torres aparece vinculado al circuito sanitario investigado.
Según la acusación, habría intervenido en la documentación médica necesaria para las pensiones y mantenido vínculos con otros integrantes del esquema.
Durante la audiencia también fue mencionado en relación con el Hospital Enrique Romero y con personas que acudían al sistema público para obtener estudios y documentación.
Está imputado por fraude a la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

13. Luis Casares: carga de documentación en Acción Social
Luis Casares, empleado del área de Acción Social del Centro Integrador Comunitario de Joaquín V. González, habría cumplido una función administrativa en la etapa de recepción, carga y continuidad de los expedientes.
La Fiscalía sostiene que recibía documentación proveniente del circuito médico y la incorporaba al sistema.
En el análisis de comunicaciones apareció mencionado como “Luisito” o “Casares” en conversaciones relacionadas con turnos, carga de documentación, historias clínicas y actualización de expedientes.
Una de las comunicaciones mencionadas durante la audiencia señalaba que determinados estudios serían cargados en el sistema por “Luisito”, identificado por los investigadores como Casares.
También habría intervenido en la entrega de copias de historias clínicas necesarias para que médicos actualizaran la documentación.
La Fiscalía considera que su intervención habría permitido que documentación presuntamente irregular avanzara dentro del circuito administrativo.
Casares está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

14. José Edmundo Brisuela
José Edmundo Brisuela, médico, integra el grupo de 15 imputados y está acusado de fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita y concurso real de delitos.
La Fiscalía lo ubica dentro del conjunto de profesionales que habrían intervenido en la confección o validación de documentación médica utilizada para tramitar las pensiones investigadas.

15. Francisco Orellana
Francisco Orellana también integra la nómina de imputados y se le atribuyen fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Su participación forma parte de la investigación sobre los distintos funcionarios y operadores que habrían intervenido en el circuito administrativo y político de las pensiones.

Una estructura que combinaba salud, municipios y organismos públicos
Para la Fiscalía, la presunta maniobra funcionaba como una cadena. En un primer nivel se encontraban quienes captaban a las personas y reunían la documentación. Luego intervenían los profesionales que podían generar o modificar certificados, análisis, radiografías e historias clínicas.
Una segunda etapa estaba relacionada con la reproducción y preparación de los documentos, mientras que posteriormente empleados y funcionarios con acceso a sistemas públicos podían cargar o hacer avanzar los expedientes.
La investigación también apunta a la existencia de un componente político: según testimonios citados durante la audiencia, las pensiones habrían sido ofrecidas en barrios, parajes y zonas rurales como una forma de captación política de personas vulnerables.

Radiografías y análisis adulterados
Uno de los elementos incorporados a la causa surgió de los allanamientos realizados durante la investigación. Los investigadores encontraron radiografías correspondientes a distintas personas y detectaron, según la Fiscalía, alteraciones en los nombres de los pacientes.
En algunos casos, una misma placa habría aparecido asociada a datos correspondientes a personas diferentes.
También se secuestraron análisis de laboratorio con resultados positivos para Chagas y diabetes que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, serían copias o modificaciones de estudios originales.
La reiteración de los mismos diagnósticos y de los mismos profesionales en numerosos expedientes fue presentada como otro de los indicios de la existencia de un mecanismo organizado.

Casi 40.000 pensiones bajo análisis
Uno de los principales elementos de la investigación surge del entrecruzamiento de información con organismos nacionales. Según los datos expuestos por la Fiscalía, en el área analizada se otorgaron 39.775 pensiones no contributivas por discapacidad, de las cuales aproximadamente 9.000 beneficiarios salteños no cumplirían, según la pesquisa, con los requisitos establecidos.
En el departamento Anta se contabilizaron 4.305 pensiones, cifra que llamó la atención de los investigadores por su proporción respecto de la población con discapacidad de la zona.
La Fiscalía considera que estos datos, por sí solos, no acreditan una maniobra individual en cada caso, pero constituyen un elemento para profundizar el análisis de los expedientes y determinar el verdadero alcance de la presunta estructura.

Una investigación que comenzó en 2024
La pesquisa se inició de oficio el 24 de julio de 2024, luego de que en un procedimiento realizado en Chaco se detectaran certificados médicos presuntamente falsificados que habían sido expedidos por un profesional oriundo de Joaquín V. González.
A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre distintas localidades del departamento Anta.
El trabajo fue realizado junto con Gendarmería Nacional e incluyó entrevistas con beneficiarios, testimonios de identidad reservada y el entrecruzamiento de información con organismos nacionales, entre ellos ANDIS, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano.
Se realizaron 26 allanamientos en oficinas públicas, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales de El Quebrachal, Joaquín V. González y otras localidades.
La documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados permitieron, según la Fiscalía, reconstruir comunicaciones y vínculos entre los distintos integrantes.

Fuente: Diario El Tribuno 

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El valor de las fotografías antiguas trasciende el papel y funciona como un portal directo hacia la esencia de lo que fuimos. Al revisar viejas imágenes de Joaquín V. González a finales de 1970, volvió a mi memoria una época marcada por la calidez comunitaria, la inocencia y una profunda lealtad a los valores humanos.

Era una época marcada por vínculos entrañables. En aquel escenario, las celebraciones no entendían de jerarquías. Los festejos del Día del Médico, cada 3 de diciembre, reunían en el patio interno del hospital zonal a directores, enfermeros, choferes, ordenanzas y personal de mantenimiento junto a sus familias.

La alegría era compartida por igual en un espacio donde la convivencia real y el afecto mutuo estaban por encima de cualquier rango o condición social. Eran tiempos en los que la palabra empeñada valía más que cualquier documento firmado, y el aprecio hacia las personas se medía por su calidad humana y no por sus bienes materiales.

La infancia en el pueblo transcurría entre tradiciones solemnes y anécdotas entrañables como cuando hice la primera confesión. Un hito espiritual que, en la teoría, prometía serenidad, pero que en la práctica resultaba intimidante ante la imponente figura del cura párroco Manuel Navarro Selva y su enérgica presencia en medio del templo, metía un poco de miedo.

Repasando más fotografías, aparecen las estampas de cumpleaños. Retratos impecables capturados por la habilidad técnica de Don Antonio Capellán, testigo silencioso que inmortalizó a generaciones de niños en sus mejores momentos. Luego estaban las Nochebuenas de espera. Mamá tenía muy arraigada esa costumbre materna de vestir a los niños impecables desde muy temprano, con el resultado inevitable de llegar a la misa de medianoche adormecidos entre el cansancio y el desorden propio de la espera.

A casi medio siglo de distancia, la nostalgia de aquellos años revela una lección fundamental sobre la felicidad. En aquel Joaquín V. González de fin de siglo, la plenitud no dependía del consumo ni de la abundancia material, sino de la coherencia con los propios ideales y del calor de los abrazos sinceros. Hoy, al cerrar este viejo álbum, no solo contemplo fotos amarillentas: acaricio el alma de un pueblo que me enseñó a vivir. Y comprendo que, aunque el tiempo haya cambiado los edificios y se haya llevado a muchos de sus protagonistas, el amor puro de esa infancia sigue intacto en mi corazón, intacto como el primer día.

La nostalgia de aquellos años nos deja una lección eterna. Aquella comunidad era profundamente feliz porque sabía que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en miradas transparentes, palabras de honor y afectos sin condición. Hoy, al apilar nuevamente esas fotos de Don Capellán, me invade una gratitud infinita. Quizás el mundo haya cambiado y las calles ya no sean las mismas, pero qué bendición tan grande haber crecido ahí. Qué privilegio haber sido parte de un tiempo donde fuimos inmensamente ricos... sin tener absolutamente nada más que la vida misma.

Hoy comprendo que lo que guardan esas fotos no es solo el pasado, sino el mapa de lo que verdaderamente importa. Fuimos felices porque nos queríamos sin pedir nada a cambio, porque la palabra bastaba y el afecto sobraba. Hoy miro esas imágenes y sonrío entre lágrimas: el pueblo de mi infancia ya no está en el mapa de antes, pero vive para siempre en el rincón más sagrado de mi memoria.

En marzo de 1812 San Martín arribó a Buenos Aires tras servir al ejército español durante más de dos décadas. Así recordaba años más tarde el momento en que resolvió empeñarse en la lucha contra la decaída monarquía española: “En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio en la lucha, pues calculábamos se había de empeñar”.

Compartimos aquí un fragmento del nuevo libro de Felipe Pigna, La voz del gran Jefe. Vida y pensamiento de José de San Martín, sobre este extraordinario estratega militar, que se inició en la carrera de las armas a los once años y a los quince era ya un oficial con mando de tropa. El libro repasa, entre otras cosas, las versiones sobre su posible origen mestizo, su formación intelectual y militar, sus relaciones familiares, sus vínculos con la francmasonería y la diplomacia británica, la gran epopeya del cruce de Andes, sus profundos desencuentros con los políticos de turno, su negativa a empeñarse en luchas fratricidas, y su exilio.

Transcribimos aquí un fragmento sobre diversos aspectos de su gobierno en Cuyo, donde el Libertador llevó adelante una política que trascendió por lejos la organización militar con miras a organizar el Ejército que se precipitaría sobre los españoles que acechaban tras la cordillera de los Andes. Su política integral iba desde medidas impositivas, para que pagaran más los que más tenían, el desarrollo de la industria, la educación, la salud pública, hasta el sistema carcelario.

A los amantes de la historia basada exclusivamente en “fechas y batallas”, aquella que nos arruinaba la mente en el secundario, a los que siguen queriendo ver un San Martín exclusivamente militar, hay que recomendarles que analicen al San Martín político, a aquel que durante poco más de dos años gobernó con gran eficiencia, equidad y honestidad las provincias cuyanas.

Cuando llegó a Mendoza, en los primeros días de septiembre de 1814, hacía menos de un año que la región había obtenido, tras largos pedidos, la condición de gobernación intendencia. Desde los inicios de la invasión española y hasta 1776, Cuyo había estado bajo la jurisdicción de Chile, con el que seguía manteniendo estrechos vínculos económicos, sociales y culturales, para luego ser incorporada al Virreinato del Río de la Plata, pero integrando la intendencia de Córdoba. Recién el Segundo Triunvirato, a fines de noviembre de 1813, creó la gobernación de Cuyo y nombró al frente al coronel Juan Florencio Terrada,1 quien sería enviado a la Banda Oriental pocos días antes del nombramiento de San Martín. Interinamente, asumió el cargo a Marcos Balcarce.2 La capital de la nueva jurisdicción era la ciudad de Mendoza, mientras que en San Juan y San Luis ocupaban el cargo de teniente de gobernador, respectivamente, Manuel Corvalán3 (reemplazado en abril de 1815 por José Ignacio de la Roza)4 y Vicente Dupuy.5 Todos ellos pronto se convirtieron en firmes colaboradores de San Martín, tanto en la administración de la región como en el esfuerzo que requirió crear, organizar y abastecer al ejército libertador. (…)

La heroica resistencia
En ese complicado clima político, el principal peligro era que los realistas emprendieran el cruce de la cordillera para invadir las Provincias Unidas. Toda la temporada en que los pasos estaban abiertos, en los meses de la primavera y el verano de 1814 y 1815, ese temor estuvo latente y las fuerzas con que se lo podía enfrentar eran escasas y apenas si contaban con armamento. Lo que en definitiva se convertiría en la base del Ejército de los Andes, comenzó a formarse ya en los últimos meses de 1814 con las medidas para movilizar al pueblo cuyano en defensa de su propio suelo.

Para hacerlo, no contaban más que con sus propios recursos, que eran muy limitados. A fines de 1814, las milicias cuyanas, unos 900 hombres en las tres provincias, apenas si estaban equipadas y entrenadas. El principal cuerpo armado, los 200 miembros de la división auxiliar que había vuelto a las órdenes de Las Heras, más otros tantos expatriados chilenos que se pusieron a las órdenes de O’Higgins, debían ser reforzados con nuevos reclutas, a los que había que equipar. San Martín, desde fines de 1814, pidió refuerzos, incluidos por lo menos 150 granaderos.6 Pero las prioridades del gobierno en Buenos Aires eran otras: principalmente la guerra civil que venía librando en el Litoral contra el federalismo artiguista, que cuestionaba radicalmente la base ideológica y material del poder porteño y, en menor medida, en el Ejército del Norte.

El Estado como agente de la economía
Tampoco las cuentas eran favorables. Desde 1810, el “librecambio” impuesto por los intereses porteños había perjudicado la actividad vitivinícola cuyana al abrir a la competencia extranjera el principal mercado de los vinos mendocinos y los aguardientes sanjuaninos. Para compensar esa pérdida, el tradicional mercado chileno, abierto al ingreso de ganado en pie, harinas y frutas secas, entre otros productos, había cobrado nuevo impulso. Buena parte de los recursos fiscales de Cuyo provenían ahora del comercio trasandino. Pero con la caída de Chile en manos del enemigo, también esa fuente de ingresos se cerró, y San Martín se vio obligado a adoptar una “economía de guerra”, para obtener recursos de donde pudiera y reducir los gastos al mínimo indispensable.

Para llevarla adelante y no morir en el intento, emprendió una política que significaba movilizar y unir a la población, combinando la defensa de los intereses locales ante el gobierno central con la necesidad de hacer frente al peligro realista y distribuir de la manera más pareja posible el esfuerzo. En 1814, ante la falta de fondos para cubrir los gastos, tomó decisiones que dejaron en claro a los cuyanos cuáles eran las prioridades de su nuevo gobernador. Debía remitir a Buenos Aires lo recaudado por un “derecho extraordinario de guerra”, establecido por el gobierno central que gravaba los productos cuyanos con el supuesto fin, según se establecía en los papeles, de comprar mulas para el Ejército del Norte. También tenía que mandar a Córdoba, sede del obispado del que seguía dependiendo Cuyo, el diezmo eclesiástico. San Martín decidió hacerse de esos fondos para aplicarlos a los gastos de Cuyo. Estas medidas de emergencia, que aliviaban solo temporariamente la situación, le permitieron pagar las cuentas pendientes y cerrar ese difícil año sin imponer más sacrificios a los cuyanos.

Un gobierno ejemplar
Al año siguiente, cuando tuvo que establecer una “contribución extraordinaria de guerra”, la fijó como un impuesto a la riqueza, a razón de medio peso por cada mil de bienes declarados. Así, la contribución recaía más sobre los más ricos, lo que era toda una novedad en el sistema impositivo vigente desde la colonia, cuyos principales rubros eran los que gravaban las operaciones comerciales y que se trasladaban a los precios, perjudicando particularmente a los más pobres.

Entre la extraordinaria y extensa obra de gobierno de San Martín en Cuyo cabe destacar los siguientes puntos:
Expropió las propiedades de los españoles prófugos, declaró de propiedad pública las propiedades de los españoles muertos sin testar.
Gravó con un peso cada barril de vino y con dos, los de agua ardiente que se vendieran fuera del territorio.
Estableció un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a sus soldados.
Creó canales, desagües, caminos y postas existentes y mejoró los ya existentes.
Construyó el bello paseo de la Alameda y embelleció la ciudad de Mendoza.
Impulsó planes de fomento agrícola, que incluyeron la venta de tierras públicas que hasta entonces no eran cultivadas, en la zona de Barriales (actual General San Martín), en la provincia de Mendoza, y en Pocito, provincia de San Juan.
En Barriales, además de propiciar la colonización de un pueblo, se construyó un canal de riego siguiendo la notable tradición de los habitantes originarios de la región, los huarpes. El propio San Martín, en octubre de 1816, adquirió 50 cuadras en esa zona, donde estableció una chacra.
En Pocito, la medida fue tomada por el teniente de gobernador sanjuanino, José Ignacio de la Roza, quien hizo dividir parcelas de quintas y chacras, que también se completarían con las obras del primer canal matriz de riego, que permitiría incorporar a la producción tierras en lo que entonces era el departamento de Angaco (actuales Albardón, Angaco y San Martín).
Las tierras incorporadas a la producción se destinaron principalmente a cultivos de alfalfa (vinculados a la actividad ganadera) y de trigo. En los años siguientes, los intentos por introducir el cultivo del tabaco en San Juan y la plantación de moreras en Mendoza, con vistas a iniciar la cría de gusanos de seda, fueron parte de una búsqueda de alternativas a las dificultades que afectaban a la producción vitivinícola.
Fundó de la mano de fray Luis Beltrán la metalurgia a nivel nacional, indispensable para fabricar las armas del ejército. La fragua y los talleres montados en Mendoza fueron, en su tiempo, el mayor establecimiento industrial con que contó el actual territorio argentino: unos 700 operarios trabajaban en ellos.
Organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía; empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad.
Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario.
Fomentó la salud y la educación para todos.
Reglamentó el sistema carcelario.
Prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas.
Promovió la primera ley de protección a un producto nacional, el vino cuyano.
Su acción no tenía límite ni se frenaba ante ningún poder terrenal o eclesiástico. Tenía un afinado servicio de inteligencia que lo mantenía al tanto de todo lo que pasaba en su jurisdicción. Así pudo enterarse de que el padre Manuel Benavídez estaba extorsionando al vecino Francisco Javier Guiñazú, amenazándolo con denunciarlo como colaborador de los españoles. San Martín sabía que Guiñazú era un patriota y dictó el siguiente decreto ejemplificador: “Resultando los antecedentes de un falso calumniante, ordeno que el Padre Fray Manuel Benavídez salga inmediatamente de esta ciudad para San Juan a disposición del Prelado del Convento de su orden, a quien se oficiará que vele sobre su conducta con apercibimiento que en el menor desliz en lo sucesivo se le aplicarán las penas de la ley, considerándosele el hombre más prostituido en su corazón indigno de cargar el hábito que profana”.

La política de San Martín le ganó el afecto de los auténticos patriotas de todas las clases y la resistencia de no pocos poderosos criollos y españoles a los que no les gustaba para nada este “excesivo” intervencionismo estatal. A éstos San Martín les recordaba: “Cuando América por un rasgo de virtud sublime quebrantó las cadenas de la opresión peninsular, juró a la patria sacrificarlo todo por arribar al triunfo de aquel glorioso empeño. Así es que desde entonces debió desaparecer entre nosotros el ocio, la indiferencia, la molicie y todo cuanto podía enervar la fuerza de aquella valiente resolución. Consecuente a esto, la actividad, la dureza de la vida armada, es el verdadero carácter que debe distinguirnos. No es suficiente el sacrificio de nuestra fortuna. Es preciso dar el sosiego, nuestra existencia misma”. 

San Martín y el vino cuyano
San Martín tenía la suficiente claridad política, no muy frecuente en esos tiempos de guerra, para comprender que sin el fortalecimiento de la economía cuyana eran escasas las posibilidades de contar en poco tiempo con recursos suficientes para defender a la gobernación de un ataque realista y pasar a la ofensiva con su proyecto libertador. Y al igual que su querido amigo y compañero Manuel Belgrano, era un defensor de nuestra producción nacional. (…)

Como gobernador, San Martín apoyó los reclamos de los cabildos cuyanos, luego defendidos por el diputado mendocino ante el Congreso de Tucumán y operador político de San Martín, Tomás Godoy Cruz, para que el Directorio bajase los muy altos impuestos y derechos de tránsito que gravaban a la producción local de vinos, aguardientes y frutas secas.

Señala Maurín Navarro: “Los vinos y aguardientes de Cuyo, decía Godoy Cruz, a pesar de los aumentos de los derechos a los extranjeros, eran perjudicados por la concurrencia de estos últimos, agregando el diputado por Mendoza que la medida solicitada era universalmente adoptada por las distintas naciones para fomentar la industria nacional y que, a favor de la protección, llegarían a superar la calidad y desalojar los vinos del exterior. Al referirse a los derechos de exportación que percibía la Aduana de Buenos Aires expresaba que una parte de los vinos de Cuyo se exportaban a Montevideo y Brasil, en cuyo casos los derechos de exportación recaían sobre los productos nacionales, cosa reprobada en los buenos principios de economía”.

Como signo de los intereses que predominaban en el Directorio, el proyecto fue rechazado por el Congreso, ya establecido en Buenos Aires. El diputado José Malabia,13 al fundamentar ese rechazo, sostuvo dos argumentos: que las cargas internas y los derechos de exportación eran necesarios para el tesoro nacional, “destinado a emplearse en utilidad y beneficio de todas las provincias”, y que la manera más eficaz para mejorar la calidad de los productos nacionales era la competencia de los importados.

En igual sentido se manifestaron los comerciantes del Consulado y una “comisión de árbitros” consultados en 1817 por el director Pueyrredón, en estos liberales términos que les sonarán familiares a los lectores:

“Que si bien los cuyanos han sufrido quebrantos como consecuencia de los donativos y anticipaciones que hicieron generosamente al glorioso Ejército de los Andes, no debe concederse la prohibición de introducir caldos extranjeros por las siguientes razones:
”1º los derechos que pagan los caldos extranjeros son excesivamente altos;
”2º el sistema liberal se opone a prescribir artículos de comercio;
”3º los caldos nacionales son de inferior calidad y no pueden reemplazar a los importados;
”4º los caldos cuyanos no conseguirán la exclusividad del mercado, aunque se prohibiesen los extranjeros, porque el contrabando de estos artículos no tendría límites;
”5º si se prohibiese la importación, dejaría el Estado de percibir las ingentes sumas que le producen en la actualidad”.

Como bien señalaba Godoy Cruz, esas actitudes no hacían más que avivar las rivalidades internas, lo que en pocos años más se hizo evidente con la disolución de las autoridades nacionales y el largo período de guerras civiles, que se prolongó durante buena parte del siglo XIX.

La educación como un derecho humano
San Martín fundó escuelas y bibliotecas, porque la educación popular era una prioridad para cambiar las cosas en serio. Así lo expresaba en esta notable circular dirigida a los preceptores de las escuelas públicas cuyanas, firmada el 17 de octubre de 1815: “La educación forma el espíritu de hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad. A ella han debido siempre las naciones la varia alternativa de su política. La libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada de los siervos porque no la conocen. Nosotros palpamos con dolor esta verdad. La independencia americana habría sido obra de momentos, si la infame educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del nuevo mundo son susceptibles de las mejores luces. El destino de preceptor de primeras letras que Ud. ocupa le obliga íntimamente a ministrar estas ideas a sus alumnos. Recuerde Ud. que esos tiernos renuevos dirigidos por mano maestra formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles al patriotismo, y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo liberal y virtuoso”.

Fundó, con la colaboración de Godoy Cruz, el primer Colegio secundario de Mendoza, el de la Santísima Trinidad, que fue inaugurado el 17 de noviembre de 1817 bajo la dirección del padre José Lorenzo Guiraldes. Su plan de estudios estaba basado en el del Instituto Nacional de Francia, y en una primera etapa incluía materias como filosofía, física, matemáticas, historia, geografía, dibujo, nociones de derecho. Tiempo después se incorporaron las matemáticas superiores, la arquitectura civil, militar e hidráulica. A pesar de su nombre, el colegio no incluía en su programa la teología como materia especial.

San Martín le escribía en este sentido al comandante José Godoy: “Un establecimiento tan útil a que las luces del siglo impelen a todo pueblo culto no podía confiarse a otras manos [que] a las de estos verdaderos amantes del bien público. Yo espero que terminadas las inevitables alteraciones de la guerra adquirirá la obra todo su cumplimiento. Pero ínterin llega ese tiempo de serenidad provengo a ustedes que después de reintegrados de los sesenta y seis pesos, resto de la cantidad que han suplido a los fondos, tengan la bondad de erogar las entradas sucesivas (sin prejuicio de los capitales) a favor de la manutención del Ejército. Promoviendo al mismo tiempo el dejar la casa (no obstante que sirve de cuartel) con la teja que aún existe. Ustedes conocen demasiado el espíritu que mueve al gobierno para esta providencia. Primero es ser que obrar. Las armas nos dan por ahora la existencia. Asegurada ésta por los esfuerzos militares, podremos entonces dedicarnos al interesante cultivo de las letras, que ahora la guerra y escasez suma de recursos paralizan desgraciadamente”.

El Cabildo mendocino al anunciar la noticia, declaraba que “…si el guerrero ha sido el instrumento necesario para salvar la nación en las crisis peligrosas, el sabio debe serlo para constituirla estable y brillante en las delicias de la tranquilidad” E instaba: “Demos a la Patria hombres útiles en todos los ramos y su prosperidad será indudable y permanente […]. Padres de familia: la educación es el mejor patrimonio que en herencia podéis dejar a vuestros hijos”.

En agosto de 1817 decidió ceder una parte de la renta de la finca que le había donado el Cabildo Mendocino para aumentar la calidad educativa del Colegio: “Convengo en que la asignación del tercio de los productos de la finca que se me ha donado se aplique al Colegio; pero con calidad que sea para la dotación de una cátedra de matemáticas y geografía. V.S. sabe que estas dos facultades son la llave de la verdadera ilustración; porque sin ellas la historia y la crítica serán un adorno puramente superficial; y el teólogo, el jurista y el filósofo nada valen si carecen del conocimiento y cronología de los sucesos con el grande arte de compararlos y darles aquella colocación precisa, profunda y discreta que sólo pueden inspirar las matemáticas”.

Nada de castigos corporales
San Martín prohibió aplicar castigos corporales a los alumnos de las escuelas y debatió con el Cabildo de Mendoza, que insistía a pedido de algunos “maestros” en su aplicación, a pesar de que la Asamblea del Año XIII los había prohibido. Los cabildantes le enviaron a San Martín el siguiente oficio en el que le decían que los alumnos “se hallan en el caso de absoluta incorrección y desenfreno, por lo que parece al Cabildo muy conveniente que V.S. permita la pena de azotes”.

El gobernador San Martín no se anduvo con vueltas y les contestó con toda su ironía y genialidad a los cultores de “la letra con sangre entra”: “Siendo el trasero una parte corporal y a los ojos modesto muy mal quista, donde se pretende castigar, cuando no puede ser oída, ni puede ser vista, declaro no ha lugar. Sólo se concede al suplicante dar doce azotes a lo sumo en la palma de la mano con el guante”.22 Los maestros que violasen esta norma recibirían durísimos castigos, eso sí, no se aclaraba dónde.

Pionero de la salud pública
San Martín tenía muy claro que el Estado debía atender a la salud de la población. El 17 de diciembre de 1814, cuando el peligro de un ataque realista desde Chile era inminente, se tomó el tiempo para firmar un bando que establecía la vacunación obligatoria contra la viruela, con estos fundamentos: “Uno de los primeros cuidados del gobierno debe ser el aumento de la población y conservación de los habitantes del Hemisferio Americano para que haya brazos suficientes al cultivo de la agricultura y ejercicio de las artes y comercio, al mismo tiempo que no falten quienes presenten sus pechos al tirano que intenta oprimir los sagrados derechos de nuestra civil libertad que con gloria sostenemos”.

Por el mismo bando se creaba una junta sanitaria compuesta por facultativos y se les ordenaba a los sacerdotes actuar como enfermeros.

Al año siguiente, creó juntas para inspeccionar los hospitales cuyanos, que además de las condiciones de atención debían fiscalizar el uso de los fondos.

La reforma del régimen carcelario
Ese ideario también alcanzaba al sistema carcelario. Dictó un reglamento sobre orden, higiene y visitas y dispuso la construcción de un nuevo establecimiento. San Martín, que como todos los jefes militares de entonces no dudaba en aplicar duros castigos a desertores y enemigos de la revolución, lejos estaba de compartir los criterios de los partidarios de la “mano dura”. En los considerandos del reglamento, del 23 de marzo de 1816, decía: “Me ha conmovido la noticia que acabo de oír de que a los infelices encarcelados no se les suministra sino una comida cada veinticuatro horas. La transmito a Vuestra Soberanía sin embargo del feriado, para que penetrado de iguales sentimientos propios de su conmiseración, se sirva disponer se les proporcio­ne cena a horas que no altere el régimen de la cárcel. Aquel escaso alimento no puede conservar a unos hombres, que no dejan de serlo por considerarles delincuentes. Mu­chos de ellos sufren un arresto precautorio solo en clase de reos presuntos. Las cárceles no son un castigo, sino el depósito que asegura al que deba recibirlo. Y ya que las nuestras, por la estúpida educación española, están muy lejos de equipararse a la policía admirable que brilla en las de los países cultos, hagamos lo posible por llegar a imitarlas. Conozca el mundo que el genio americano abjura con horror las crueles actitudes de sus antiguos opresores y que el nuevo aire de libertad que empieza a respirarse ex­tiende un benigno influjo a todas las clases del Estado”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó este miércoles a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses que prestaron funciones en delegaciones antidrogas de las zonas sur y norte del conurbano y a 6 civiles, 2 de ellos abogados, por su participación en diferentes delitos -desde falsas declaraciones testimoniales a la falsedad de instrumentos públicos y extorsiones- que tuvieron como fin apoderarse de drogas de organizaciones dedicadas al narcotráfico para reinsertarlas en el circuito de comercialización ilegal.

Uno de los casos más relevantes por los que se juzgó a la banda fue el “armado” del denominado "Leones blancos", cuyo nombre surge de dos enormes figuras ornamentales de ese animal que decoraban el entorno de la pileta de una quinta situada en Moreno, correspondiente al clan Loza, donde el 29 de diciembre de 2013 se llevó a cabo un procedimiento fraguado que derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína, una mínima parte hallada en ese lugar y más de 480 kilos a bordo de una camioneta que había salido de allí y que fue interceptada por miembros de la organización policial. En la investigación se determinó que en el transporte había otra media tonelada, que fue apropiada por la banda y llevada a Santa Clara del Mar para su comercialización en distritos de la costa bonaerense, mientras que otra parte estaba destinada al comercio internacional, en envases termosellados. La valuación del estupefaciente sustraído fue calculada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

Por el caso "Leones blancos" recibieron condenas 13 acusados, 10 de los cuales eran policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Quilmes, donde se labraron las falsas actuaciones originadas en un llamado anónimo que derivaron luego en el allanamiento a la quinta situada en Moreno. La pena más alta por este caso la recibieron el comisario a cargo de aquella repartición, Marcelo Roberto Di Rosa; su jefe de Operaciones, el subcomisario Juan José Magraner; y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta. Este último y Di Rosa fueron considerados coautores de los delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por su comisión en forma organizada por tres o más personas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de estupefacientes. Por los mismos delitos y grados de participación el teniente primero José María Delgado recibió 11 de prisión y e idénticas penas accesorias. Magraner, por su parte, fue condenado como coautor de los delitos de uso de documento público falso, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con las mismas circunstancias agravantes.

En su alegato, el equipo fiscal apuntó que no se estaba frente a un simple caso de policías corruptos ni ante irregularidades aisladas, sino a prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo.

En tanto, el oficial principal y el subcomisario de la misma delegación policial, Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, respectivamente, fueron condenados a 14 años y 6 meses de prisión, el máximo de la pena de multa e inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos por 10 años. Elizalde fue considerado coautor de los delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado, mientras que Blanco fue condenado como coautor del delito de falsedad ideológica de documento público -reiterada en siete oportunidades-, y partícipe necesario de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado. Por los mismos delitos y grado de participación de este último, el subcomisario Héctor Hugo Alberto Correa recibió 11 años de prisión, el máximo de la pena de multa e inhabilitación especial por 8 años.

En tanto, la sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años de prisión y a las mismas penas accesorias por los mismos delitos y grado de participación que Elizalde.

El subteniente Adrián Osvaldo Dos Santos recibió 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 7 años como autor del delito de falso testimonio agravado por haberse cometido en causa criminal en perjuicio de los inculpados, mientras que la agente Johana Belén Medina fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 6 años como autora del delito de uso de documento público falso.

Finalmente, los civiles Cristian Esteban Seu, Luis Víctor Tourn y Carlos Daniel Maidana -quien al momento de los hechos era expolicía- recibieron 12, 9 y 8 años de prisión, respectivamente. Seu fue condenado como coautor de los delitos de falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su comisión en forma organizada por tres o más personas, y partícipe necesario del delito de peculado; Tourn y Maidana, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con la misma agravante. Este último, además, fue condenado como partícipe necesario del delito de peculado.

Según la acusación, desde dependencias encargadas de combatir el narcotráfico se llegó a intervenir en ese mercado ilegal, controlar territorios, seleccionar a quién perseguir y a quién permitir continuar operando y obtener beneficios económicos.

Procedimientos fraguados y extorsiones

Así como el caso presentado como "Leones blancos" fue anulado por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín en agosto de 2016 -sentencia confirmada luego por la Cámara Federal de Casación- y los acusados -presuntamente miembros de bandas criminales- fueron liberados, hubo otros casos en los que operaron también integrantes de diferentes reparticiones de la Policía bonaerense en los que se registraron extorsiones contra personas investigadas por narcotráfico, el cobro de coimas para no someterlos a proceso y el fraguado de actuaciones, cuya investigación también fue anulada y dio origen a las causas que llegaron a este juicio. Esas causas fueron conocidas como "Bustamante" y "Basaldúa". A ellas se sumaron el caso "Santellán" y "Acosta", donde se denunciaron hechos similares contra los ahora condenados.

El fiscal general Marcelo García Berro, quien actuó en este juicio junto a los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, apuntó que la actuación policial contó con la complicidad del destituido en 2023 fiscal provincial Claudio Scapolan, quien actuaba en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro. Si bien el exfiscal no estuvo acusado en el debate, la fiscalía general requirió la remisión de actuaciones de este juicio a la fase de instrucción para que se sumen a las que ya se encuentran en curso para investigar al exfuncionario y otros presuntos responsables tanto de la Policía como del sistema judicial.

Por los hechos vinculados a los casos "Bustamante", "Acosta", "Basaldúa" y "Santellán" fueron condenadas las restantes 12 personas llevadas a juicio, la mayoría exfuncionarios policiales de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro.

El comisario a cargo de esa repartición Roberto Adrián Okurzaty recibió 17 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años como coautor de los delitos de uso de documentos públicos falsos y autor de falsedad ideológica de documentos públicos -en al menos 21 oportunidades- en el caso "Bustamante", coautor de extorsión reiterada en tres oportunidades en los casos "Acosta", "Santellán" y "Basaldúa", y como organizador de una asociación ilícita.

El sargento Santiago Ignacio Cabré fue condenado a 14 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años como coautor de los delitos de uso de documento público falso y de extorsión, y autor de falso testimonio agravado por haberse cometido en causa criminal (caso "Bustamante") en perjuicio de los inculpados -reiterado en al menos seis oportunidades-, extorsión en carácter de coautor (caso "Santellán"), y como miembro de asociación ilícita.

El teniente Mario Alberto de Armas recibió 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como coautor de los delitos de uso de documento público falso y de falsedad ideológica de documento público, y partícipe necesario del delito de cohecho pasivo (caso "Bustamante"), extorsión en carácter de coautor (caso "Acosta") y como miembro de una asociación ilícita.

La actividad de la fiscalía durante el juicio no consistió únicamente en analizar cada uno de los hechos de manera individual, sino en conectar pruebas producidas en distintos expedientes y jurisdicciones y en reconstruir patrones de actuación.

El oficial principal Gabriel Cabral recibió 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como partícipe necesario del delito de cohecho pasivo (caso "Bustamante"), y como coautor del delito de extorsión reiterada en dos oportunidades (casos "Acosta" y "Basaldúa"). En su caso, se aplicó la reducción de la pena al grado de tentativa, prevista en el artículo 41 ter del Código Penal para los imputados colaboradores.

Por su parte, la subcomisaria de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de San Miguel, Juana Elizabet Medina, fue condenada a 9 años de prisión e inhabilitación especial por diez años como autora de falsedad ideológica de documento público en el caso "Bustamante", coautora de extorsión reiterada en dos oportunidades en los casos "Acosta" y "Basaldúa", y como miembro de una asociación ilícita.

El oficial ayudante de la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Lomas de Zamora, Alesis Jesús Tabares, recibió 8 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua como coautor del delito de uso de documento público falso y de falsedad ideológica de documento público, partícipe necesario del delito de cohecho pasivo en el caso "Bustamante" y como miembro de una asociación ilícita.

Finalmente, los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, respectivamente, y en ambos casos a la inhabilitación especial para ejercer la abogacía durante 4 años. El primero, a quien se redujo la pena al grado de tentativa -por el beneficio previsto en el Código Penal para los imputados colaborares-, fue condenado como coautor del delito de extorsión en el caso "Basaldúa" y como miembro de una asociación ilícita. Pedersoli, por su parte, fue considerado partícipe necesario del delito de cohecho activo en el caso "Bustamante" y miembro de un asociación ilícita.

Las condenas se completaron con la pena al civil José Ángel Molina a 2 años de prisión en suspenso como coautor del delito de cohecho activo en el caso "Bustamante".

De conformidad con el pedido de la fiscalía, el tribunal -que estuvo integrado en este juicio por Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutierrez- absolvió a otras seis personas: Amílcar Esteban Pino, Claudio Javier Burgos, Carlos Ramón Ramírez, Agustín Rodrigo Machuca Lannoo, Carlos Javier Ochoa y Jonathan Gabriel Chauvin.

El juicio

El debate, que había iniciado en octubre de 2024, se extendió a lo largo de casi dos años. La fiscalía informó que durante su transcurso la actividad no solo consistió únicamente en analizar cada uno de los hechos de manera individual, sino en conectar pruebas producidas en distintos expedientes y jurisdicciones y a reconstruir patrones de actuación que durante años habían permanecido fragmentados. Señaló al respecto que esa tarea permitió presentar ante el tribunal una hipótesis integral sobre la utilización de estructuras estatales para desarrollar actividades ilícitas.

La fiscalía puso de relieve que la dimensión del proceso exigió una logística poco frecuente, por la cantidad de imputados, defensores, testigos y documentación, y destacó la labor del personal del Tribunal Oral Federal N°1 para la realización de este juicio.

En su alegato, que se extendió durante cuatro jornadas, el equipo fiscal apuntó que no se estaba frente a un simple caso de policías corruptos ni ante irregularidades aisladas, sino a prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo, mediante las cuales integrantes de la fuerza utilizaron las facultades y recursos que el Estado les había otorgado para prevenir y perseguir delitos con una finalidad exactamente inversa. Según la acusación, desde dependencias encargadas de combatir el narcotráfico se llegó a intervenir activamente en ese mercado ilegal, controlar territorios, seleccionar a quién perseguir y a quién permitir continuar operando y obtener beneficios económicos de esas maniobras.

Una de las hipótesis fiscales fue que la corrupción investigada no tenía únicamente un objetivo recaudatorio, dado que las maniobras realizadas permitían también decidir quién era perseguido y quién quedaba al margen de la persecución penal, generando espacios de impunidad y una forma ilegal de administración del mercado de drogas.

En ese sentido, la fiscalía sostuvo que, cuando integrantes de fuerzas de seguridad utilizan las capacidades que el Estado les entrega para combatir el narcotráfico con la finalidad de favorecerlo o intervenir en él, la respuesta no puede agotarse en una condena penal, por lo que requirió que las agencias responsables de diseñar, conducir y controlar las políticas de seguridad conozcan lo ocurrido y adopten las medidas necesarias para impedir su repetición.

En efecto, el tribunal recogió ese planteo y ordenó comunicar el veredicto y sus fundamentos (que se conocerán el 7 de octubre) al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad bonaerense, a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y a la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. También dispuso comunicar las condenas de Pedersoli y García Maañón a los respectivos colegios profesionales donde se encuentran matriculados.

Por otro lado, la fiscalía puso de relieve que la dimensión del proceso exigió una logística poco frecuente, por la cantidad de imputados, defensores, testigos y documentación, que obligó a desarrollar audiencias en Olivos y San Martín, administrar enormes volúmenes de evidencia y resolver de manera permanente cuestiones prácticas vinculadas con la continuidad del debate. En el alegato, el MPF reconoció el trabajo de los funcionarios y empleados de la secretaría del tribunal. Señaló que procesos de esta escala desbordan los moldes tradicionales del procedimiento penal y requieren planificación, coordinación de agendas, organización de la prueba y soluciones prácticas permanentes para garantizar simultáneamente la defensa de los acusados y la continuidad del juicio.

La fiscalía además puso de relieve el rol de la Comisión Provincial por la Memoria -que participó en el proceso como querellante hasta que fue apartada por la Cámara Federal de Casación por una cuestión de legitimación procesal- en la visibilización institucional del fenómeno. El director del Programa de Control de Corrupción de ese organismo, Federico Schmeigel, declaró en el juicio que la decisión institucional de presentarse como querellantes en el caso obedeció a su magnitud. En tal sentido, describió patrones históricamente detectados en la Policía bonaerense: allanamientos ilegales, prueba fraguada, detenciones arbitrarias, extorsiones y utilización ilegítima de herramientas estatales en territorios vulnerables.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Seguridad Vial, desplegó un Operativo de Protección Ciudadana Integral en las localidades de Las Lajitas y Río del Valle, con la participación de recursos del Distrito de Prevención 9 y de la Brigada de Investigaciones 9.

Durante el dispositivo se realizaron controles vehiculares fijos y móviles, además de patrullajes preventivos en distintos puntos estratégicos de ambas localidades, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo.

Como resultado del operativo, se controlaron más de 250 vehículos, se identificaron 129 personas y se labraron 66 actas por infracciones a la normativa municipal vigente y a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Asimismo, se retuvieron cinco motocicletas por infracciones a ordenanzas municipales y se infraccionó a dos personas por transgredir el artículo 91 de la Ley Contravencional 7.135/01.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que desarrolla la Dirección General de Seguridad Vial para potenciar los controles y promover una circulación segura en distintos puntos de la provincia.

Autoridades del Gobierno de la Provincia participarán este lunes 17 de agosto del acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, que se realizará en el monumento al Libertador, ubicado en el parque San Martín de la ciudad de Salta.

La ceremonia comenzará a las 10 y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas. Durante el acto se realizará el izamiento de las banderas Nacional y Provincial, se entonará el Himno Nacional Argentino y se colocará una ofrenda floral frente al monumento al General San Martín.

Posteriormente, se realizará un minuto de silencio y una invocación religiosa a cargo del capellán del Ejército. También se pronunciarán palabras alusivas a la fecha, a cargo de un representante del Poder Ejecutivo.

La ceremonia finalizará con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo por parte de la Banda de Música.

La ambición es explícita y da la medida del potencial que ven las fundadoras. "Argentina tiene el potencial de generar al menos 100 Puna Bios".

La investigadora es fundadora de Puna Bio. La respetada revista web la incluyó en un informe sobre la camada del Conicet que generó millones de dólares y beneficios con sus descubrimientos.

Hace poco más de un mes LA GACETA celebró el conocimiento con la segunda Experiencia Innovación Sostenible. Entre los especialistas en áreas de la medicina, comunicación y el agro estaba la tucumana María Eugenia Farías. La especialista en microbiología ambiental de ambientes extremos de la Puna andina, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en 1.991, expuso ante un auditorio colmado de pares y público en general.

Puna Bio fue el motivo de su convocatoria al foro. El crecimiento de la empresa desarrolladora de bioinsumos de fósiles vivientes fue el motivo para que Forbes Argentina la incluyera en la nota titulada "De científicas a empresarias: la camada del Conicet que levantó más de U$S 40 millones para fundar startups biotech".

Farías, a Tucumán desde Córdoba a los dos años, investiga junto a Elisa Bertini, Carolina Belfiore y Franco Martínez Leiva las bacterias que habitaron el planeta desde hace 3.500 millones de años. El grupo logró crear el primer bioestimulante a base de extremófilos del mundo. De manera más concreta, en lugares con condiciones extremas donde la mayoría de los seres vivos no sobreviven ellos fueron capaces de mejorar el suelo degradado de modo que se vuelva fértil.

"Puna Bio: microbios de los salares para que crezca lo que no crecía", es la acertada descripción en uno de los subtítulos de la publicación que tiene sus versiones en varios países, con búnker en Estados Unidos. En el desarrollo del texto, que cuenta con siete ejemplos más de mujeres que crearon startups biotecnológicas, se lee: "Puna Bio usa extremófilos, microorganismos que sobreviven en los salares de la Puna a más de 4.000 metros, donde la radiación y una salinidad ocho veces mayor a la del mar llevan la vida al límite. Traducidos a la agricultura, esos 'atletas de elite' mejoran los rendimientos entre un 10% y un 15% y permiten producir en suelos degradados. Detrás hay más de 25 años de ciencia del Conicet y de Tucumán, y un paso por IndieBio, la aceleradora de startups científicas de Silicon Valley".

"¿Cómo estás?", solo un par de palabras cotidianas. Una pregunta casi automática que intercambiamos decenas de veces a la semana. Sin embargo, para muchos se ha convertido en un acertijo imposible de responder o, peor aún, en una grieta por la que se cuela un agotamiento profundo. La respuesta por defecto suele ser un rápido e indoloro "estoy bien", un escudo protector diseñado para no incomodar y, sobre todo, para no tener que mirar hacia adentro.

Detrás de esa fachada se esconde una realidad desgarradora: la sensación de estar destrozado por dentro mientras se mantiene la compostura por fuera.

La trampa de buscar "lo correcto"

Vivimos obsesionados con encontrar la respuesta adecuada, la decisión perfecta, el camino sin fisuras. Nos han enseñado a buscar certezas en un entorno que rara vez las ofrece. Pero la búsqueda incesante de "lo correcto" suele convertirse en una trampa paralizante.

¿Acaso existe algo absolutamente correcto?

Cuando nos exigimos descifrar la vida como si fuera un problema con una sola solución, el cansancio mental es inevitable. La frustración de no encontrar esa respuesta ideal nos deja con una única certeza básica y humana: el deseo de sentirnos bien y dejar de flotar a la deriva.

​El miedo a nuestras propias respuestas

Evitar las preguntas sencillas no es desinterés; es un mecanismo de defensa. Huir de un "¿cómo estás?" sincero nace del temor a lo que podemos descubrir si nos detenemos a responder con la verdad.

El escape constante: Responder "escapando" no es una broma, es una radiografía emocional. Huir de las conversaciones profundas es, en realidad, un intento de huir de uno mismo.

La paz ausente: Cuando no hay un solo momento de tranquilidad, la mente permanece en hipervigilancia constante.

El peso del fracaso latente: Aparece la sensación de que, sin importar lo que hagamos, hay un error oculto esperando el momento perfecto para revelarse y derrumbarlo todo.

Redefinir el camino: De la huida a la aceptación

Estar agotado de buscar respuestas es totalmente válido. Reconocer que se está escapando es, paradójicamente, el primer paso para dejar de hacerlo. La paz no suele encontrarse al resolver todos los enigmas de la vida, sino al soltar la exigencia de tener que resolverlos aquí y ahora.

Tal vez no se trate de encontrar "lo correcto", sino de encontrar lo que nos dé calma en el presente. Aceptar que no estamos bien (y permitirnos decirlo, aunque sea a nosotros mismos) es la única forma de empezar a echar anclas y dejar de sentir que el viento nos lleva a la deriva.

Moria Casán (Ana María Casanova, nacida en Buenos Aires en 1946) es una de las figuras más emblemáticas, multifacéticas del espectáculo y la cultura pop argentina. Conocida como "La One" o la "Madrina del espectáculo", ha sabido reinventarse de forma continua a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Síntesis Biográfica y Trayectoria

​1. Inicios y Consagración como Vedette (Años 70)

Ana María Casanova estudió danza desde joven y debutó en el teatro de revista a comienzos de la década de 1970 en el emblemático Teatro El Nacional. Con su fuerte presencia escénica, su imponente estatura y su soltura, rápidamente se convirtió en una de las grandes primas vedettes de la época, encabezando espectáculos junto a figuras legendarias como Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Susana Giménez y Tato Bores.

2. Éxito en Cine y Televisión (Años 80)

Durante finales de los 70 y la década del 80, Moria se convirtió en la reina del cine picaresco argentino. Protagonizó decenas de películas taquilleras junto a la dupla cómica Olmedo-Porcel (como Los caballeros de la mesa tejo, El manosanta está cargado o Atracción peculiar). En televisión, encabezó sus propios ciclos de humor y variedades con un estilo frontal y rompedor para la época.

3. Conducción, Realitys y "Lengua Karateca" (Años 90 y 2000)

Con el cambio de época, demostró su capacidad de adaptación:

• Televisión y Talk Shows: Condujo programas emblemáticos como Amor y Moria y A la cama con Moria, donde abordaba temas tabú con desenvoltura.

• Teatro de Texto y Proyectos: Destacó tanto en teatro comercial como en producciones de prestigio (como Brujas, uno de los mayores éxitos teatrales de la historia argentina, con el que realizó funciones durante décadas).

• El fenómeno Bailando / Jurado: Se consolidó como una de las figuras centrales del certamen Bailando por un sueño (ShowMatch), popularizando términos, muletillas y la famosa "lengua karateca" con la que opinaba sin filtro.

4. Impacto Cultural e Transgresión

Más allá de los escenarios, Moria Casán se convirtió en un ícono de la diversidad y del feminismo intuitivo/transgresor:

• Frases Célebres: Ha dejado una extensa lista de expresiones incorporadas al dialecto popular argentino ("Si querés llorar, llorá", "Decorado", "El público se renueva").

• Política y Vida Pública: En 2001 llegó a presentarse como candidata a diputada nacional. Su vida personal, sus amores, sus viajes y hasta sus momentos controvertidos (como su detención en Paraguay en 2015) fueron cubiertos mediáticamente con el aura de misticismo que ella misma sabe gestionar.

Moria hoy: Sigue activa en teatro, streaming, radio y televisión, manteniendo una vigencia envidiable y siendo reivindicada por las nuevas generaciones como un referente vanguardista del espectáculo sudamericano.

"No sé cómo seguir", escribió. La frase derriba cualquier distancia entre el ídolo y los demás. En ese instante, Messi deja de ser el campeón mundial, el hombre de los récords y el deportista que consiguió prácticamente todo. Es apenas un hijo que perdió a su papá y experimenta esa sensación de orfandad que no reconoce edades, fortunas ni celebridades.

El dolor expone una verdad que a veces preferimos olvidar: hay problemas que el dinero puede resolver y ausencias frente a las cuales no tiene ninguna respuesta.

Esto no significa caer en la simplificación de que el dinero carece de importancia. La estabilidad económica brinda tranquilidad, permite acceder a mejores oportunidades y alivia muchas preocupaciones. Negarlo sería desconocer las dificultades cotidianas de millones de personas. Pero una cuenta bancaria, por abultada que sea, no puede recuperar una voz, repetir un abrazo ni concedernos una conversación más con alguien que ya no está.

Como señaló el economista Damián Di Pace, el capital económico protege la cuenta bancaria, pero el capital humano y social sostiene la vida. La carta de Messi muestra que una persona puede poseer una enorme seguridad material y, al mismo tiempo, sentirse profundamente pobre ante la pérdida de uno de sus vínculos fundamentales.

Acaso allí resida su mayor potencia. Nos permite encontrarnos con Messi en un territorio común. Resulta difícil identificarse con sus hazañas, sus estadios repletos o su dimensión mundial. Pero sí podemos reconocernos en la vulnerabilidad de un hijo que se siente perdido. El dolor iguala donde el éxito parecía establecer una distancia imposible de atravesar.
La despedida también contiene una reivindicación de la crianza recibida.

Cuando Messi afirma que educa a sus hijos como su padre lo hizo con ellos, le ofrece posiblemente el homenaje más profundo. No habla solamente de sacrificios o esfuerzos económicos. Habla de valores, ejemplos y formas de querer que ahora pasan de una generación a la siguiente.

En ese punto, la carta deja de ser únicamente una despedida y se convierte también en una declaración sobre el legado. Los padres siguen presentes en las decisiones de sus hijos, en sus gestos, en sus enseñanzas y hasta en la manera en que sus nietos son criados. La muerte termina con la presencia física, pero no necesariamente con aquello que una persona sembró durante su vida.

También recuerda algo muy humano entre quienes alcanzaron la cima: muchas veces, detrás del deseo de triunfar, estaba la necesidad de hacer sentir orgullosos a los padres.

Maradona dijo alguna vez que jugaba por su madre. Carlos Tevez sufrió profundamente la pérdida de quien consideraba su principal admirador. Messi revela ahora que su padre también fue uno de los grandes motores de su camino.

Quizás pasemos buena parte de la vida acumulando logros para ofrecerlos, en silencio, a quienes nos acompañaron desde el comienzo. Por eso, cuando ellos faltan, hasta las mayores conquistas pueden perder momentáneamente su sentido.

La carta de Messi no niega el valor de la prosperidad. Simplemente recuerda sus límites. El dinero puede dar seguridad, pero no reemplaza el amor; puede comprar comodidad, pero no evita el desamparo; puede conservar bienes, pero no detener el tiempo.
La verdadera riqueza quizá no dependa solamente de cuánto conseguimos acumular, sino de cuánto amor, cuántos valores y cuántos vínculos construimos mientras estamos acá.

Porque, al final, aquello que más sostiene una vida nunca está guardado en un banco ni dentro de una caja de seguridad.

Fuente: Cadena 3