Se trata de
Stella Pucci de Cornejo, titular del
Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial, quien fue acusada por prevaricato, un delito que contempla sanciones contra magistrados que dicten resoluciones contrarias a la ley o al código de procedimientos.
La denuncia fue elevada por el abogado
Luis Zabaleta, representante legal de dos puesteros que ocupan tierras en el sector norte de
Salta Forestal, terreno concesionado a la empresa
Cresud.
Según la demanda, presentada ante el fiscal correccional
Facundo Ruiz de los Llanos, la jueza
Pucci de Cornejo prorrogó en forma indeterminada una audiencia entre las partes que se había solicitado en marzo de este año.
Zabaleta aseguró también que la reunión ya había fracasado en varias ocasiones anteriores, pese a que el juicio verbal y sumarísimo -
que comenzó en el 2005- tiene carácter de improrrogable.
Según el escrito presentado por
Zabaleta ante la fiscalía nada justifica la prórroga de lo que resulta por Ley improrrogable, mucho menos se puede justificar tamaño accionar cargado de liviandad con el cual se beneficia ilegítimamente a una de las partes del proceso en franca y grave vulneración de los derechos de los otros o por lo menos de mis representados.
Para el caso, el letrado menciona artículos de la ley sobre la incomparecencia de las partes y la improrrogabilidad de las audiencias.
Una diferenciaEl abogado insistió en que la jueza no dictó una suspensión, sino que directamente prorrogó en forma indeterminada la audiencia fijada desde el 17 de marzo último.
La diferencia es sustancial, ya que los juicios verbales son improrrogables y así lo establece el código de procedimiento. La jueza
Pucci dictó una resolución contraria a lo que indica la ley expresó.
El delito de prevaricato contra los magistrados se puede traducir en ciertos casos como incumplimiento de deberes de funcionario público o abuso de autoridad.
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