La inflación y la informalidad laboral impactan sobre el sistema público de salud, ya que los costos de los insumos médicos aumentaron en promedio más del 30% en el último año y unos 4 millones de trabajadores en negro y 1.300.000 desempleados y sus familias deben atenderse en los hospitales por carecer de obra social o prepaga. Así, el sistema de atención de la salud estatal está cada vez más exigido, ya que mientras la población argentina pasó de 32 millones en 1991 a más de 40 millones en la actualidad, la cantidad de camas disponibles en los centros sanitarios sigue siendo casi la misma, unas 90 mil, lo que confirma la crisis en la infraestructura hospitalaria, y se evidencia en demoras para acceder a una consulta, concretar cualquier tipo de intervenciones quirúrgicas o internaciones programadas.

Los datos forman parte de estudios previos con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) realizará entre el 1 y 2 de septiembre en el hotel Park Hyatt de Mendoza, donde cientos de prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática del financiamiento del sector, y el proceso de “judicialización” de la medicina “y su elevada incidencia en los costos”.
Uno de cada tres trabajadores cobra su salario en negro y, según los datos oficiales del Indec, al 34,6% de los trabajadores no se les hacen los descuentos jubilatorios de ley al momento de percibir su remuneración y, en consecuencia, quedan sin cobertura de obra social.
Esto afecta a 4 millones de personas y sus familias, y explica por qué en el país ya se concretan más de 110 millones de consultas anuales en hospitales y centros de salud.
De acuerdo con los datos que se están elaborando para este Congreso, la situación en el conurbano bonaerense, donde ya se concentran más de 9 millones de personas, agrava el panorama porque las guardias hospitalarias están sobreexigidas.